Tribunal brasileño investiga irregularidades en la privatización del sistema de boletos de São Paulo
La auditoría busca determinar las millonarias pérdidas del erario público tras la concesión a consorcios privados.
El traspaso de la recaudación tarifaria a consorcios privados privó al Estado brasileño del control directo sobre los fondos generados por el transporte público. Foto: Brasil de Fato.
8 de agosto de 2026 Hora: 13:23
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El Tribunal de Cuentas del Estado de São Paulo abrió una investigación formal para determinar las irregularidades y pérdidas financieras derivadas de la privatización de los servicios de boletaje. La fiscalización indaga la transferencia del control de la recaudación tarifaria del Metro y de la red de trenes hacia consorcios privados bajo la gestión de Tarcísio de Freitas.
La denuncia impulsada por legisladores locales señala la existencia de esquemas opacos y conflictos de interés entre directivos estatales y los empresarios del sector de autobuses beneficiados. Las investigaciones exponen que mientras la operadora privada Autopass acumuló cuantiosas ganancias, las empresas estatales de transporte perdieron el control sobre sus ingresos directos y enfrentan impagos millonarios.
Especialistas en movilidad urbana advierten que la supresión de las taquillas públicas en favor del autoservicio privado despojó al Estado de su capacidad de planificación y fiscalización presupuestaria. El traspaso del recaudo vulnera las directrices vigentes sobre el transporte público, las cuales exigen independencia entre la venta de billetes y la operación de las rutas.
Organizaciones sociales y colectivos populares denuncian que la privatización de los servicios esenciales profundiza la precarización del transporte y perjudica diariamente a millones de trabajadores. Las agrupaciones exigen la reversión de las concesiones a privados para restituir el carácter soberano de la gestión de la infraestructura pública en el estado brasileño.
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Portavoces parlamentarios destacaron la admisión del caso por parte del órgano auditor como un paso crucial para esclarecer responsabilidades institucionales y sancionar los perjuicios económicos ocasionados. La fiscalización unificará los expedientes previos para analizar de forma integral la legalidad de los contratos otorgados sin licitación a las corporaciones del sector.
El Gobierno de São Paulo mantendrá las operaciones del sistema cuestionado mientras el Tribunal de Cuentas avanza en la revisión técnica de las cuentas públicas. La ciudadanía permanece vigilante ante el desarrollo de las indagatorias y exige la recuperación del control estatal sobre el patrimonio del transporte colectivo.
Autor: teleSUR - alr - JML
Fuente: Brasil de Fato
